Los padres no saben como actuar frente a los peligros de Internet
El riesgo es mayor por virus, bloqueo del PC y pérdida de información,
que por la pornografía, según un informe del Observatorio de la
Seguridad de la Información
A pesar de las advertencias que reciben los menores sobre el uso de Internet, cuando se encuentran con una incidencia ni padres ni hijos saben como actuar. Así se desprende del “Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por niños y adolescentes”, que ha llevado a cabo el Observatorio de la Seguridad de la Información de INTECO.
Madrid. M. GIRON
Aun cuando el 87’5% de los niños afirma haber recibido advertencias y criterios sobre lo que deben hacer en Internet, cuando finalmente ocurre una incidencia, la reacción de los padres no siempre es la mejor. La mayoría (42%) se decantarían por medidas físicas o técnicas, es decir las que implican una actuación sobre el equipo. Entre ellas, llamar al servicio técnico, la instalación del antivirus o reiniciar el sistema. Un 24% aplicaría medidas coercitivas y de denuncia como establecer horarios, bloquear el ordenador para evitar su uso o castigarle sin Internet; y el 17% de los padres utilizarían medidas educativas, como dialogar o advertir sobre los peligros. Sin embargo, sorprende que el 16% es incapaz de concretar una respuesta. Informan pero luego no saben como actuar.
Por otra parte, al preguntar a los padres por lo que creen que harían sus hijos en caso de tener una incidencia con las TIC, un tercio afirma que se les avisaría a ellos, y el 23% no sabría que hacer.
En cambio, las respuestas de los menores suelen ser de tres tipos: cerrar la conexión o salirse de la web o chat (14’4%); negarse a hacer lo que le piden (2%); y pedir ayuda a los padres (1’1%). La mayor parte (84’5%) no concreta respuesta.
Autonomía en las TIC
Estos datos ponen de manifiesto que los niños son muchos más autónomos con las TIC de lo que piensan sus padres, y que el alto porcentaje de padres e hijos que no sabrían explicar como actuarían, “refleja una insuficiente formación en la lucha efectiva contra los riesgos de las TIC, tanto en el colectivo de los niños como de los padres”, explica el estudio del Ministerio de Industria.
Esta escasez real de información se contrapone a la percepción que tienen los padres sobre la misma. De hecho, 3 de cada 4 afirman que conocer muy bien los peligros que entraña Internet para su hijo y se refleja en que existe un alto grado de preocupación por parte de los progenitores (58’8%). Sin embargo, al preguntarles sobre lo que más les preocupa, el 39% afirma que la dependencia y adicción, frente a un tercio que no sabría contestar. No saben a que tener miedo ni cómo reaccionar frente a ello.
Por último, aunque los padres son conscientes de la existencia de los riesgos de las TIC, sus miedos no concuerdan con los reales. De esta manera, lo que más preocupa a los padres son aquellas situaciones que tienen que ver con algún tipo de componente sexual. Sin embargo, las incidencias más comunes son los riesgos físicos al equipo, tales como virus, bloqueo del ordenador, pérdida de información, descargas ilegales y, sólo en quinto lugar, aparece la pornografía. En este sentido, el acoso sexual, los adultos que se hacen pasar por niños, las citas con extraños y el acoso escolar en la Red tienen una incidencia menos del 5%.
En cuanto a las medidas adoptadas, el estudio muestra que la instalación de algunos sistemas de seguridad es casi absoluta: solo el 2% de los hogares con niños declaran no tener instalada ninguna. La preferida son los antivirus (95%), seguida de la eliminación de archivos temporales y cookies (41%), la limitación de acceso a contenidos (32%), y la vigilancia del historial de navegación (2’7). A pesar de los numerosos filtros que ofrecen las compañías de ADSL, sólo el 2’7% de los hogares afirma usar este tipo de limitación automática.
Tomado de Comunidad Educativa,España.
miércoles, 25 de marzo de 2009
miércoles, 25 de febrero de 2009
EDUCACION.Sentencia del Tribunal Supremo Español
El Supremo respalda la legalidad de Educación para la Ciudadanía
El Alto Tribunal afirma que esta asignatura no vulnera los derechos constitucionales de los padres a la libertad religiosa e ideológica.
La ministra de Educación insiste en que no cabe la objeción de conciencia a esta asignatura obligatoria.
Los contenidos de la Educación para la Ciudadanía son compatibles con los derechos constitucionales de los padres a la libertad religiosa e ideológica, y a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, según ha dictaminado el Tribunal Supremo. Su fallo establece que el Estado puede y debe “instruir sobre los valores necesarios para el buen funcionamiento del sistema democrático”, y dice que no cabe la objeción de conciencia la esta asignatura, aunque pide que se imparta en “la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento” sobre las cuestiones más controvertidas en la sociedad.".
Madrid. G. ARIANES REVISTA COMUNIDAD ESCOLAR
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha hecho públicas cuatro sentencias prácticamente idénticas, por las que rechaza los recursos presentados por varios padres asturianos a los que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esta comunidad negó el derecho a la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos, y da la razón a la Junta de Andalucía, que recurrió un fallo de su TSJ por avalar la objeción. Estos dictámenes, que en cualquier caso respaldan la legalidad de dicha disciplina, recogen la decisión adoptada el pasado 28 de enero por este organismo tras dos días y medio de deliberaciones, y cuentan con el apoyo de 22 magistrados, el voto discrepante de otros siete jueces y el concurrente de tres.
El Alto Tribunal ha tenido en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea sobre educación, así como la jurisprudencia sobre libertad religiosa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional. Y ha considerado que los contenidos de esta asignatura son compatibles con el derecho a la libertad religiosa e ideológica que proclama el artículo 16.1 de la Constitución española, y tampoco vulneran el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones, reconocido asimismo por el artículo 27.3 de nuestra Carta Magna.
Obligación del Estado
Sobre la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía, el Supremo dice que si esta asignatura fuese inconstitucional no cabría ejercer ese derecho, sino reclamar su anulación. Destaca que en nuestra Constitución no existe un derecho de objeción de conciencia de carácter general. Y afirma que esta disciplina se ajusta a derecho y que la actividad del Estado en materia de educación es “obligada”, y su intervención tiene como objetivo “no sólo asegurar la transmisión del conocimiento del entramado institucional, sino también instruir sobre los valores necesarios para el buen funcionamiento del sistema democrático”.
También señala que ese cometido estatal, debido a la fuerte vinculación que existe entre democracia y educación, está referido a todo tipo de enseñanza, tanto a la pública como a la privada. Añade que la actividad educativa del Estado, cuando se refiere a valores éticos comunes, comprende la difusión y la transmisión de los mismos. Y reconoce es lícito igualmente fomentar sentimientos y actitudes que favorezcan su vivencia práctica.
De todas formas, el fallo del Supremo advierte que “el hecho de que la materia sea ajustada a derecho y que el deber jurídico de cursarla sea válido, no autoriza a la administración educativa -ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores- a imponer o inculcar, siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas”. Y aclara que las cuestiones morales pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, “donde no se da una relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales”.
Objetividad y distanciamiento
Además, indica que las materias consideradas como obligatorias “no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición acerca de problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral” en nuestra sociedad. Según la sentencia hay que respetar “el pluralismo consagrado como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, y el deber de neutralidad ideológica del Estado, que prohíbe a éste incurrir en cualquier forma de proselitismo”. Por todo ello, exige que la asignatura se imparta en “la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento”.
El Alto Tribunal advierte que el Estado no puede llevar sus competencias educativas tan lejos que invada el derecho de los padres a decidir sobre la educación religiosa y moral de sus hijos, pero éstos “tampoco pueden llevar ese derecho tan lejos que desvirtúe del deber del Estado de garantizar una educación en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Porque las familias “no tienen un derecho ilimitado a oponerse a la programación de la enseñanza por el Estado”, y autorizar exenciones individuales “sería tanto como poner en tela de juicio esa ciudadanía para la que se aspira a educar”.
Por último, estas sentencias del Tribunal Supremo han ratificado que “en un Estado democrático de derecho el estatuto de los ciudadanos es el mismo para todos”, independientemente de sus creencias religiosas y morales. Precisamente por ello, -añaden- en la medida que esas creencias sean respetadas, no hay serias razones constitucionales para oponerse a la existencia de una materia obligatoria, cuya finalidad es formar en los rudimentos de dicha ciudadanía, incluido el reconocimiento del propio derecho a la libertad ideológica y religiosa”. De todas formas, reconocen el derecho de los padres a impugnar ante la inspección educativa o los tribunales correspondientes los libros de texto, materiales didácticos, contenidos o proyectos educativos que, en su opinión, vulneren sus derechos constitucionales o afecten a la esfera de la conciencia moral o ética de sus hijos.
No cabe la objeción
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha manifestado que estas sentencias son “absolutamente claras”, establecen “definitivamente” que no cabe la objeción de conciencia a esta asignatura, y niegan “que pueda haber lesión alguna en el derecho a la elección educativa moral y religiosa que los padres quieran dar a sus hijos”. Ha añadido que, según las mismas, la exención o la no asistencia a esta asignatura puede quebrar los derechos a la ciudadanía que tienen todos los niños que acuden al sistema educativo”. Y ha advertido que estas resoluciones “unifican doctrina y, por tanto, tendrán las consecuencias que deban tener y que derivan del hecho de que sean sentencias del Tribunal Supremo”.
Según sus palabras, la consecuencia más clara de estas sentencias es que Educación para la Ciudadanía “es una asignatura exactamente igual” que cualquier otra y, por tanto, no acudir a sus a clase y no presentarse a los exámenes correspondientes “tendrá las mismas consecuencias que pueda tener la no asistencia a las clases de Matemáticas y la no realización de los exámenes de Matemáticas”. Por ello, ha insistido en que este fallo del Supremo “es una buena noticia para nuestro sistema educativo, para la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes, y para la formación de los ciudadanos que queremos para este país en el futuro”.
Polémica artificial
Por su parte, la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso de los Diputados, Cándida Martínez, ha manifestado que las sentencias “zanjan definitivamente una polémica artificial”, auspiciada por “los sectores más conservadores de la sociedad” y “alentada por el PP”, al que ha pedido que las acate y “devuelva la tranquilidad y deje funcionar a los centros educativos”. Cree que “irresponsablemente, los populares han creado un clima de crispación en muchos colegios, que ha alterado el buen funcionamiento de los mismos”. Y considera que este fallo “deja bien claro” que no se puede objetar la asignatura, “cuyos contenidos son necesarios para la formación de la ciudadanía democrática” y tampoco atentan contra el derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos”.
Por el contrario, el portavoz adjunto del PP en la Cámara Baja, Alfonso Alonso, ha señalado que esas sentencias “abren la puerta a que los padres puedan oponerse a los objetivos que, efectivamente, lleven una carga ideológica y estén destinados a adoctrinar a los alumnos”. Por ello, ha instado al Ministerio de Educación a “revisar los contenidos de esta materia antes de que sean impugnados uno a uno por los padres”, y le ha pedido que se reúna con la comunidad educativa y las comunidades autónomas, para “limpiar cualquier elemento de adoctrinamiento” en dicha asignatura. Y ha añadido que “se debe limitar a promocionar los valores de la Constitución reconocidos por todos”, y aunque no se reconoce la objeción de conciencia, “se impide claramente que se puedan introducir elementos de adoctrinamiento moral, ideológico o religioso”.
Las organizaciones que apoyan la el movimiento objetor a esta asignatura, entre ellos la patronal CECE y la confederación de padres católicos CONCAPA, consideran que “las sentencias confirman el deber de neutralidad del Estado en lo que se refiere a la formación moral”, y creen que “las administraciones educativas deben limitarse en su cometido a instruir a los alumnos sin pretender que compartan puntos de vista que en la sociedad civil están en litigio, y sin que deban revelar su propio punto de vista o las propias convicciones”. Y recuerdan que el Supremo dice, textualmente, que la administración, los centros y los profesores no deben “imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas”.
Seguimiento cuidadoso
En consecuencia, les piden “la más exquisita prudencia a la hora de utilizar libros de texto, proponer contenidos, o impartir clases que puedan calificarse de adoctrinadores de los alumnos”. También aconsejan a los padres de familia “un cuidadoso seguimiento de estos temas”, les animan a acudir a los tribunales “cuando perciban el riesgo de adoctrinamiento en los libros o en la escuela”, y reiteran su apoyo a los objetores “que deberán seguir actuando en conciencia”. Además, piden a las distintas administraciones que lleven a cabo “una profunda revisión de los contenidos de los decretos que rigen estas materias, de acuerdo con los padres, para adecuarlos a los principios que ha establecido el Tribunal Supremo”.
Por el contrario, la confederación laica de padres CEAPA, ha asegurado sentirse “respaldada” por la decisión del Supremo, “ya que avala una postura que hemos defendido a lo largo de todo este tiempo”. Según ha manifestado a “Europa Press” el presidente de esta organización, Pedro Rascón, “no tiene sentido” denunciar la LOE porque “es muy clarita y limpia, y nosotros entendimos desde el primer momento que no entraba en cuestiones morales ni en cuestiones del ámbito familiar”.
También ha advertido que hay que tener “especial cuidado” con el contenido de los libros de texto de esta asignatura, “para que no den mensajes distintos a los que marca la Ley. Eso es lo que se puede denunciar”. En cualquier caso ha insistido en que, según las sentencias, “la asignatura es compatible con la libertad ideológica y religiosa que tienen los padres, y el Estado sí es quien para educar en valores universales, el respeto a los principios democráticos y de convivencia, y en los derechos y libertades fundamentales, lo que coincide con nuestro planteamiento”.
Según el Supremo, no hay razones constitucionales para oponerse a una asignatura como Educación para la Ciudadanía.
En http://comunidad-escolar.pntic.mec.es/846/info2.html
El Alto Tribunal afirma que esta asignatura no vulnera los derechos constitucionales de los padres a la libertad religiosa e ideológica.
La ministra de Educación insiste en que no cabe la objeción de conciencia a esta asignatura obligatoria.
Los contenidos de la Educación para la Ciudadanía son compatibles con los derechos constitucionales de los padres a la libertad religiosa e ideológica, y a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, según ha dictaminado el Tribunal Supremo. Su fallo establece que el Estado puede y debe “instruir sobre los valores necesarios para el buen funcionamiento del sistema democrático”, y dice que no cabe la objeción de conciencia la esta asignatura, aunque pide que se imparta en “la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento” sobre las cuestiones más controvertidas en la sociedad.".
Madrid. G. ARIANES REVISTA COMUNIDAD ESCOLAR
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha hecho públicas cuatro sentencias prácticamente idénticas, por las que rechaza los recursos presentados por varios padres asturianos a los que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esta comunidad negó el derecho a la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos, y da la razón a la Junta de Andalucía, que recurrió un fallo de su TSJ por avalar la objeción. Estos dictámenes, que en cualquier caso respaldan la legalidad de dicha disciplina, recogen la decisión adoptada el pasado 28 de enero por este organismo tras dos días y medio de deliberaciones, y cuentan con el apoyo de 22 magistrados, el voto discrepante de otros siete jueces y el concurrente de tres.
El Alto Tribunal ha tenido en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea sobre educación, así como la jurisprudencia sobre libertad religiosa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional. Y ha considerado que los contenidos de esta asignatura son compatibles con el derecho a la libertad religiosa e ideológica que proclama el artículo 16.1 de la Constitución española, y tampoco vulneran el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones, reconocido asimismo por el artículo 27.3 de nuestra Carta Magna.
Obligación del Estado
Sobre la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía, el Supremo dice que si esta asignatura fuese inconstitucional no cabría ejercer ese derecho, sino reclamar su anulación. Destaca que en nuestra Constitución no existe un derecho de objeción de conciencia de carácter general. Y afirma que esta disciplina se ajusta a derecho y que la actividad del Estado en materia de educación es “obligada”, y su intervención tiene como objetivo “no sólo asegurar la transmisión del conocimiento del entramado institucional, sino también instruir sobre los valores necesarios para el buen funcionamiento del sistema democrático”.
También señala que ese cometido estatal, debido a la fuerte vinculación que existe entre democracia y educación, está referido a todo tipo de enseñanza, tanto a la pública como a la privada. Añade que la actividad educativa del Estado, cuando se refiere a valores éticos comunes, comprende la difusión y la transmisión de los mismos. Y reconoce es lícito igualmente fomentar sentimientos y actitudes que favorezcan su vivencia práctica.
De todas formas, el fallo del Supremo advierte que “el hecho de que la materia sea ajustada a derecho y que el deber jurídico de cursarla sea válido, no autoriza a la administración educativa -ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores- a imponer o inculcar, siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas”. Y aclara que las cuestiones morales pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, “donde no se da una relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales”.
Objetividad y distanciamiento
Además, indica que las materias consideradas como obligatorias “no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición acerca de problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral” en nuestra sociedad. Según la sentencia hay que respetar “el pluralismo consagrado como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, y el deber de neutralidad ideológica del Estado, que prohíbe a éste incurrir en cualquier forma de proselitismo”. Por todo ello, exige que la asignatura se imparta en “la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento”.
El Alto Tribunal advierte que el Estado no puede llevar sus competencias educativas tan lejos que invada el derecho de los padres a decidir sobre la educación religiosa y moral de sus hijos, pero éstos “tampoco pueden llevar ese derecho tan lejos que desvirtúe del deber del Estado de garantizar una educación en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Porque las familias “no tienen un derecho ilimitado a oponerse a la programación de la enseñanza por el Estado”, y autorizar exenciones individuales “sería tanto como poner en tela de juicio esa ciudadanía para la que se aspira a educar”.
Por último, estas sentencias del Tribunal Supremo han ratificado que “en un Estado democrático de derecho el estatuto de los ciudadanos es el mismo para todos”, independientemente de sus creencias religiosas y morales. Precisamente por ello, -añaden- en la medida que esas creencias sean respetadas, no hay serias razones constitucionales para oponerse a la existencia de una materia obligatoria, cuya finalidad es formar en los rudimentos de dicha ciudadanía, incluido el reconocimiento del propio derecho a la libertad ideológica y religiosa”. De todas formas, reconocen el derecho de los padres a impugnar ante la inspección educativa o los tribunales correspondientes los libros de texto, materiales didácticos, contenidos o proyectos educativos que, en su opinión, vulneren sus derechos constitucionales o afecten a la esfera de la conciencia moral o ética de sus hijos.
No cabe la objeción
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha manifestado que estas sentencias son “absolutamente claras”, establecen “definitivamente” que no cabe la objeción de conciencia a esta asignatura, y niegan “que pueda haber lesión alguna en el derecho a la elección educativa moral y religiosa que los padres quieran dar a sus hijos”. Ha añadido que, según las mismas, la exención o la no asistencia a esta asignatura puede quebrar los derechos a la ciudadanía que tienen todos los niños que acuden al sistema educativo”. Y ha advertido que estas resoluciones “unifican doctrina y, por tanto, tendrán las consecuencias que deban tener y que derivan del hecho de que sean sentencias del Tribunal Supremo”.
Según sus palabras, la consecuencia más clara de estas sentencias es que Educación para la Ciudadanía “es una asignatura exactamente igual” que cualquier otra y, por tanto, no acudir a sus a clase y no presentarse a los exámenes correspondientes “tendrá las mismas consecuencias que pueda tener la no asistencia a las clases de Matemáticas y la no realización de los exámenes de Matemáticas”. Por ello, ha insistido en que este fallo del Supremo “es una buena noticia para nuestro sistema educativo, para la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes, y para la formación de los ciudadanos que queremos para este país en el futuro”.
Polémica artificial
Por su parte, la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso de los Diputados, Cándida Martínez, ha manifestado que las sentencias “zanjan definitivamente una polémica artificial”, auspiciada por “los sectores más conservadores de la sociedad” y “alentada por el PP”, al que ha pedido que las acate y “devuelva la tranquilidad y deje funcionar a los centros educativos”. Cree que “irresponsablemente, los populares han creado un clima de crispación en muchos colegios, que ha alterado el buen funcionamiento de los mismos”. Y considera que este fallo “deja bien claro” que no se puede objetar la asignatura, “cuyos contenidos son necesarios para la formación de la ciudadanía democrática” y tampoco atentan contra el derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos”.
Por el contrario, el portavoz adjunto del PP en la Cámara Baja, Alfonso Alonso, ha señalado que esas sentencias “abren la puerta a que los padres puedan oponerse a los objetivos que, efectivamente, lleven una carga ideológica y estén destinados a adoctrinar a los alumnos”. Por ello, ha instado al Ministerio de Educación a “revisar los contenidos de esta materia antes de que sean impugnados uno a uno por los padres”, y le ha pedido que se reúna con la comunidad educativa y las comunidades autónomas, para “limpiar cualquier elemento de adoctrinamiento” en dicha asignatura. Y ha añadido que “se debe limitar a promocionar los valores de la Constitución reconocidos por todos”, y aunque no se reconoce la objeción de conciencia, “se impide claramente que se puedan introducir elementos de adoctrinamiento moral, ideológico o religioso”.
Las organizaciones que apoyan la el movimiento objetor a esta asignatura, entre ellos la patronal CECE y la confederación de padres católicos CONCAPA, consideran que “las sentencias confirman el deber de neutralidad del Estado en lo que se refiere a la formación moral”, y creen que “las administraciones educativas deben limitarse en su cometido a instruir a los alumnos sin pretender que compartan puntos de vista que en la sociedad civil están en litigio, y sin que deban revelar su propio punto de vista o las propias convicciones”. Y recuerdan que el Supremo dice, textualmente, que la administración, los centros y los profesores no deben “imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas”.
Seguimiento cuidadoso
En consecuencia, les piden “la más exquisita prudencia a la hora de utilizar libros de texto, proponer contenidos, o impartir clases que puedan calificarse de adoctrinadores de los alumnos”. También aconsejan a los padres de familia “un cuidadoso seguimiento de estos temas”, les animan a acudir a los tribunales “cuando perciban el riesgo de adoctrinamiento en los libros o en la escuela”, y reiteran su apoyo a los objetores “que deberán seguir actuando en conciencia”. Además, piden a las distintas administraciones que lleven a cabo “una profunda revisión de los contenidos de los decretos que rigen estas materias, de acuerdo con los padres, para adecuarlos a los principios que ha establecido el Tribunal Supremo”.
Por el contrario, la confederación laica de padres CEAPA, ha asegurado sentirse “respaldada” por la decisión del Supremo, “ya que avala una postura que hemos defendido a lo largo de todo este tiempo”. Según ha manifestado a “Europa Press” el presidente de esta organización, Pedro Rascón, “no tiene sentido” denunciar la LOE porque “es muy clarita y limpia, y nosotros entendimos desde el primer momento que no entraba en cuestiones morales ni en cuestiones del ámbito familiar”.
También ha advertido que hay que tener “especial cuidado” con el contenido de los libros de texto de esta asignatura, “para que no den mensajes distintos a los que marca la Ley. Eso es lo que se puede denunciar”. En cualquier caso ha insistido en que, según las sentencias, “la asignatura es compatible con la libertad ideológica y religiosa que tienen los padres, y el Estado sí es quien para educar en valores universales, el respeto a los principios democráticos y de convivencia, y en los derechos y libertades fundamentales, lo que coincide con nuestro planteamiento”.
Según el Supremo, no hay razones constitucionales para oponerse a una asignatura como Educación para la Ciudadanía.
En http://comunidad-escolar.pntic.mec.es/846/info2.html
sábado, 31 de enero de 2009
Educación. TSXGalicia.
El TSXG ratifica el cese de la actividad educativa en Benposta
AGENCIAS - A CORUÑA - 31-01-2009.
(Material utilizado con fines educativos)
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó el recurso que presentaron profesores del colegio de Benposta contra la decisión de la Consellería de Educación de suspender la actividad docente en las instalaciones.
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó la demanda interpuesta contra la resolución de la Consellería de Educación, de noviembre de 2004, por la que autorizó el cese de actividades y la extinción del concierto educativo en el centro Benposta-Nación de los Muchachos. Profesores del centro impugnaron la orden que declaró extinguida la autorización para las enseñanzas de educación primaria, secundaria y bachillerato, a petición del presidente de la Ciudad de los Muchachos, Jesús César Silva.
El titular del centro educativo solicitó entonces el cese de las citadas actividades debido a la pérdida de alumnado y al enfrentamiento entre la dirección del centro y el claustro de profesores.
Los demandantes pedían que se declarase la nulidad de las resoluciones administrativas y que se les reconociese el derecho a que se les respetasen las funciones docentes que tenían garantizadas hasta que finalizase legalmente el concierto educativo. También pedían que la Consellería de Educación asumiese su recolocación en centros concertados. La sentencia entiende que la Administración autonómica no tenía otra posibilidad que autorizar extinguido el concierto educativo, ‘puesto que carecería de sentido continuar subvencionando a quien ya no prestaba la actividad docente por falta de alumnado’, subraya.
En :http://www.laregion.es/noticia/80447/ourense/tsxg/cese/actividad/bemposta/
AGENCIAS - A CORUÑA - 31-01-2009.
(Material utilizado con fines educativos)
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó el recurso que presentaron profesores del colegio de Benposta contra la decisión de la Consellería de Educación de suspender la actividad docente en las instalaciones.
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó la demanda interpuesta contra la resolución de la Consellería de Educación, de noviembre de 2004, por la que autorizó el cese de actividades y la extinción del concierto educativo en el centro Benposta-Nación de los Muchachos. Profesores del centro impugnaron la orden que declaró extinguida la autorización para las enseñanzas de educación primaria, secundaria y bachillerato, a petición del presidente de la Ciudad de los Muchachos, Jesús César Silva.
El titular del centro educativo solicitó entonces el cese de las citadas actividades debido a la pérdida de alumnado y al enfrentamiento entre la dirección del centro y el claustro de profesores.
Los demandantes pedían que se declarase la nulidad de las resoluciones administrativas y que se les reconociese el derecho a que se les respetasen las funciones docentes que tenían garantizadas hasta que finalizase legalmente el concierto educativo. También pedían que la Consellería de Educación asumiese su recolocación en centros concertados. La sentencia entiende que la Administración autonómica no tenía otra posibilidad que autorizar extinguido el concierto educativo, ‘puesto que carecería de sentido continuar subvencionando a quien ya no prestaba la actividad docente por falta de alumnado’, subraya.
En :http://www.laregion.es/noticia/80447/ourense/tsxg/cese/actividad/bemposta/
miércoles, 30 de julio de 2008
derecho a objetar contra la asignatura Educacipin para la Ciudadanía
al derecho a objetar contra Ciudadanía
Asturias suma ya 504 recursos, de los que una treintena han llegado al tribunal autonómico y otros 16 ante el Supremo
30.07.08 - A. VILLACORTA| OVIEDO
Algunas de las familias objetoras, en Oviedo. / MARIO ROJAS
Nuevo varapalo a los rebeldes asturianos frente a Educación para la Ciudadanía: catorce sentencias del Tribunal de Justicia de Asturias (TSJA) acaban de anteponer la libertad de cátedra de los profesores al derecho a objetar a la asignatura. En los fallos, del 24 de julio, la sala de lo contencioso administrativo del TSJA considera que los contenidos de la asignatura «no pueden suscitar duda alguna sobre su inconstitucionalidad».
Además, reconoce que «a la Administración le corresponden establecer el marco general en que debe desenvolverse la actividad educativa a fin de garantizar la formación general de los alumnos» y, a los profesores, concretar los contenidos de cada asignatura «entro del derecho de libertad académica y de cátedra que corresponde a quienes llevan a cabo la función de enseñar con libertad dentro de los límites del puesto docente que desarrollan». Establece también que el contenido de la asignatura «no supone vulneración del principio de libertad ideológica y de religión o al de libertad de enseñanza». El fallo refrendan así la postura de la máxima instancia judicial de la región, que ya falló en febrero que la materia no vulneraba derechos fundamentales, como alegaban los padres.
La sentencia han caído sobre ellos como un jarro de agua fría después de que el curso 2007/2008 concluyese en Asturias con medio millar de objeciones a la controvertida asignatura de nueva implantación, pero la batalla emprendida por asociaciones como el Foro de la Familia y Profesionales por la Ética, apoyadas por la jerarquía eclesiástica, anuncian, «no ha hecho más que empezar».
«Septiembre caliente»
«Asturias ha liderado desde el primer momento la oposición a la asignatura. Fuimos los primeros en levantarnos en armas y el resto de comunidades nos han seguido», afirma el presidente del Foro en Asturias, Ángel Mario Díaz, que resume así la situación: «Tenemos contabilizadas 504 objeciones, de las que más de una treintena han llegado ante el TSJA y 16 han alcanzado el Supremo».
Díaz explica que «el goteo de objeciones es constante» y que la organización espera «una avalancha para el próximo curso», en el que la materia empezará a impartirse también en Primaria y Bachillerato además de en Tercero y Cuarto de Secundaria. Nuevas objeciones que, pronostica, «traerán un septiembre caliente y pondrán en serios aprietos a la Consejería» de Educación, que, «hasta el momento, ha demostrado una actitud completamente intolerante».
Ángel Mario Díaz se refiere a que la consejería ha emitido su veredicto en más de treinta ocasiones: rechaza el derecho a objetar. «Y no contentos con eso, han montado una persecución en toda regla hacia los alumnos presionando a los colegios», denuncia Díaz.
De los 16 estudiantes de Tercero de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) que no asistieron a clase en Asturias, la comunidad con mayor absentismo por esta causa, doce suspendieron una prueba extraordinaria que les daba una última oportunidad tras los exámenes finales, pero otros cuatro la aprobaron. «Algunos otros habían asistido a clase pero no se presentaron y, por tanto, constan como no evaluados».
Esos alumnos de entre 14 y 15 años que han suspendido o que no se han presentado podrán pasar a Cuarto con la materia pendiente. El verdadero problema llegará este año con los que concluyan Cuarto, ya que, con una materia no evaluada, es imposible obtener el título de ESO, pasar de ciclo. «Podemos encontrarnos con alumnos que no puedan acceder a Bachillerato hasta que el juez no resuelva su caso, lo que puede prolongarse dos o tres años», advierte el portavoz del Foro de la Familia.
Así, con los alumnos de vacaciones, la esperanza de las familias objetoras está puesta ahora en los tribunales. Concretamente, en el Supremo, que esperan que resuelva antes del verano. Hasta ahora, ha habido sentencias de los tribunales superiores en contra de la objeción en el Principado, Aragón y Cataluña, y a favor, en Andalucía, Cantabria y La Rioja. Además, esta última comunidad se acaba de sumar a las comunidades objetoras -Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia, todas gobernadas por el Partido Popular- al anunciar que los alumnos rebeldes estarán exentos de ir a clase y de ser evaluados hasta que se pronuncie el alto tribunal.
Tomado con fines educativos de El comercio digital.com
Asturias suma ya 504 recursos, de los que una treintena han llegado al tribunal autonómico y otros 16 ante el Supremo
30.07.08 - A. VILLACORTA| OVIEDO
Algunas de las familias objetoras, en Oviedo. / MARIO ROJAS
Nuevo varapalo a los rebeldes asturianos frente a Educación para la Ciudadanía: catorce sentencias del Tribunal de Justicia de Asturias (TSJA) acaban de anteponer la libertad de cátedra de los profesores al derecho a objetar a la asignatura. En los fallos, del 24 de julio, la sala de lo contencioso administrativo del TSJA considera que los contenidos de la asignatura «no pueden suscitar duda alguna sobre su inconstitucionalidad».
Además, reconoce que «a la Administración le corresponden establecer el marco general en que debe desenvolverse la actividad educativa a fin de garantizar la formación general de los alumnos» y, a los profesores, concretar los contenidos de cada asignatura «entro del derecho de libertad académica y de cátedra que corresponde a quienes llevan a cabo la función de enseñar con libertad dentro de los límites del puesto docente que desarrollan». Establece también que el contenido de la asignatura «no supone vulneración del principio de libertad ideológica y de religión o al de libertad de enseñanza». El fallo refrendan así la postura de la máxima instancia judicial de la región, que ya falló en febrero que la materia no vulneraba derechos fundamentales, como alegaban los padres.
La sentencia han caído sobre ellos como un jarro de agua fría después de que el curso 2007/2008 concluyese en Asturias con medio millar de objeciones a la controvertida asignatura de nueva implantación, pero la batalla emprendida por asociaciones como el Foro de la Familia y Profesionales por la Ética, apoyadas por la jerarquía eclesiástica, anuncian, «no ha hecho más que empezar».
«Septiembre caliente»
«Asturias ha liderado desde el primer momento la oposición a la asignatura. Fuimos los primeros en levantarnos en armas y el resto de comunidades nos han seguido», afirma el presidente del Foro en Asturias, Ángel Mario Díaz, que resume así la situación: «Tenemos contabilizadas 504 objeciones, de las que más de una treintena han llegado ante el TSJA y 16 han alcanzado el Supremo».
Díaz explica que «el goteo de objeciones es constante» y que la organización espera «una avalancha para el próximo curso», en el que la materia empezará a impartirse también en Primaria y Bachillerato además de en Tercero y Cuarto de Secundaria. Nuevas objeciones que, pronostica, «traerán un septiembre caliente y pondrán en serios aprietos a la Consejería» de Educación, que, «hasta el momento, ha demostrado una actitud completamente intolerante».
Ángel Mario Díaz se refiere a que la consejería ha emitido su veredicto en más de treinta ocasiones: rechaza el derecho a objetar. «Y no contentos con eso, han montado una persecución en toda regla hacia los alumnos presionando a los colegios», denuncia Díaz.
De los 16 estudiantes de Tercero de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) que no asistieron a clase en Asturias, la comunidad con mayor absentismo por esta causa, doce suspendieron una prueba extraordinaria que les daba una última oportunidad tras los exámenes finales, pero otros cuatro la aprobaron. «Algunos otros habían asistido a clase pero no se presentaron y, por tanto, constan como no evaluados».
Esos alumnos de entre 14 y 15 años que han suspendido o que no se han presentado podrán pasar a Cuarto con la materia pendiente. El verdadero problema llegará este año con los que concluyan Cuarto, ya que, con una materia no evaluada, es imposible obtener el título de ESO, pasar de ciclo. «Podemos encontrarnos con alumnos que no puedan acceder a Bachillerato hasta que el juez no resuelva su caso, lo que puede prolongarse dos o tres años», advierte el portavoz del Foro de la Familia.
Así, con los alumnos de vacaciones, la esperanza de las familias objetoras está puesta ahora en los tribunales. Concretamente, en el Supremo, que esperan que resuelva antes del verano. Hasta ahora, ha habido sentencias de los tribunales superiores en contra de la objeción en el Principado, Aragón y Cataluña, y a favor, en Andalucía, Cantabria y La Rioja. Además, esta última comunidad se acaba de sumar a las comunidades objetoras -Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia, todas gobernadas por el Partido Popular- al anunciar que los alumnos rebeldes estarán exentos de ir a clase y de ser evaluados hasta que se pronuncie el alto tribunal.
Tomado con fines educativos de El comercio digital.com
miércoles, 28 de mayo de 2008
Derecho a la Alimntación.
Derecho a la Alimentación
Escrito por MªLuisa Mendoça
Servicio.Informativo: "Alai-amlatina” Servicio.Informativo: "Alai-amlatina”
"El Derecho a la Alimentación Maria-Luisa-Mendonça
ALAI.AMLATINA,18/10/07,Sao.Paulo
(Enviado por MªDolores Gómez )
La.principal.norma.internacional sobre el Derecho a la Alimentación está contenida en el artículo 11 de la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De acuerdo con esa norma, el hambre debe ser eliminada y los pueblos deben tener acceso permanente a la alimentación adecuada, cualitativa y cuantitativamente, garantizando la salud física y mental de los individuos y de las comunidades, además de una vida digna.
De acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados tienen la obligación de “respetar, proteger y garantizar” el derecho a la alimentación. Respetar ese derecho significa que los Estados no pueden obstruir o dificultar el acceso de la población a la alimentación adecuada, como en el caso de desalojos de trabajadores rurales de sus tierras, en especial de aquellos que dependen de la agricultura como forma de subsistencia. La Convención prohíbe igualmente que los Estados utilicen sustancias tóxicas en la producción de alimentos. Además, la Convención establece los principios de la no-regresión y de la no-discriminación, en relación a la aprobación de leyes que garanticen el acceso a la alimentación. Eso significa que los gobiernos
no deben aprobar leyes que dificulten la organización social en pro de ese derecho. Al contrario, los gobiernos deben facilitar la organización de la sociedad para el acceso a la tierra, al trabajo y a la protección del medio ambiente. Los Estados deben garantizar el derecho universal a la alimentación a través de acciones y medidas concretas que protejan
grupos sociales vulnerables y propicien los medios necesarios para que ellos puedan alimentarse.
En agosto de 2007, el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, presentó un informe a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que contiene informaciones sobre los acontecimientos más recientes en este periodo. La primera preocupación del Relator se refiere al aumento creciente de personas hambrientas en el mundo -eran cerca de 800 millones en 1996 y hoy son aproximadamente 854 millones-. El informe alerta además que más de seis millones de infantes, con menos de cinco años, mueren anualmente a consecuencia de enfermedades relacionadas con el hambre.
El Relator caracteriza esa situación como “inaceptable”. Según Ziegler, “el hambre no es inevitable. Es una violación de los derechos humanos.
En un mundo que está más rico que nunca, más personas que nunca siguen padeciendo malnutrición, hambre e inanición. El mundo puede producir alimentos suficientes para alimentar el doble de toda la población mundial”.
El segundo punto del informe, que recibe gran destaque, es la preocupación con la creciente utilización de alimentos básicos para la producción de agrocombustibles. “El Relator Especial está gravemente preocupado porque los biocombustibles tendrán como secuela el hambre. La prisa súbita y mal concebida de convertir alimentos -tales como maíz, trigo, azúcar y aceite de palma- combustibles augura un desastre. Existe el grave riesgo de crear una batalla entre los alimentos y los combustibles, que dejará a los pobres y los que padecen de hambre en los países en desarrollo a merced de los precios en rápido aumento de los alimentos, la tierra y el agua”. El Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarías (IIPA) estima que la producción de agrocombustibles puede causar un aumento del 20% en el precio del maíz y del 26% en el precio de la soja y de la semilla de girasol hasta el 2010. Estudios del IIPA alertan que el número de personas que sufren de desnutrición debe aumentar en 16 millones por cada punto porcentual en el incremento de los precios de alimentos básicos. La producción de agrocombustibles demanda además una grancantidad del agua, en un contexto extremadamente preocupante. Según cálculos de la ONU, 1,2 mil millones de personas no tienen acceso al agua potable y 2,4 mil millones no tienen acceso a saneamiento básico. Todos los años, cerca de dos millones de infantes mueren por enfermedades causadas por agua contaminada. En los países más pobres, uno de cada cinco infantes muere antes de los cinco años de edad por enfermedades relacionadas a la contaminación del agua. El Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, caracteriza esa situación como “genocidio
silencioso.”
El agua es un recurso natural insustituible. Caso se mantenga el actual ritmo de destrucción de sus fuentes, la mitad de la población mundial quedará sin acceso al agua potable en un periodo de sólo 25 años. El aumento de los monocultivos para la producción de agroenergía tiende a profundizar la violación del derecho fundamental de acceso al agua para consumo humano.
Cada litro de etanol producido a partir de la caña de azúcar, en circuito cerrado, consume cerca de 12 litros de agua. Esta cantidad no incluye el agua utilizada en el cultivo, que en el caso de los monocultivos irrigados el consumo es mayor. Según el profesor David
Pimentel, de la Universidad de Cornell, por cada kilo de maíz producido, se gasta de 500 a 1.500 litros del agua. Y para producir un litro de etanol a base de maíz, el gasto es de 1.200 a 3.600 litros del agua. Por lo tanto, la producción de agroenergía representa un riesgo de mayor escasez de fuentes naturales y acuíferos.
En su más reciente informe a la Asamblea General de la ONU, el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación recomienda que “se declare una moratoria de cinco años sobre la producción de biocombustibles con los métodos modernos para que haya tiempo suficiente de idear tecnologías y establecer estructuras reguladoras para la protección contra los efectos negativos ambientales, sociales y para los derechos humanos”.
- Maria Luisa Mendonça es periodista y coordinadora de la Red Social de Justicia y DerechosHumanos. ALAI - 30 AÑOS.Agencia Latinoamericana deInformacion email: info@alainet.org
Escrito por MªLuisa Mendoça
Servicio.Informativo: "Alai-amlatina” Servicio.Informativo: "Alai-amlatina”
"El Derecho a la Alimentación Maria-Luisa-Mendonça
ALAI.AMLATINA,18/10/07,Sao.Paulo
(Enviado por MªDolores Gómez )
La.principal.norma.internacional sobre el Derecho a la Alimentación está contenida en el artículo 11 de la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De acuerdo con esa norma, el hambre debe ser eliminada y los pueblos deben tener acceso permanente a la alimentación adecuada, cualitativa y cuantitativamente, garantizando la salud física y mental de los individuos y de las comunidades, además de una vida digna.
De acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados tienen la obligación de “respetar, proteger y garantizar” el derecho a la alimentación. Respetar ese derecho significa que los Estados no pueden obstruir o dificultar el acceso de la población a la alimentación adecuada, como en el caso de desalojos de trabajadores rurales de sus tierras, en especial de aquellos que dependen de la agricultura como forma de subsistencia. La Convención prohíbe igualmente que los Estados utilicen sustancias tóxicas en la producción de alimentos. Además, la Convención establece los principios de la no-regresión y de la no-discriminación, en relación a la aprobación de leyes que garanticen el acceso a la alimentación. Eso significa que los gobiernos
no deben aprobar leyes que dificulten la organización social en pro de ese derecho. Al contrario, los gobiernos deben facilitar la organización de la sociedad para el acceso a la tierra, al trabajo y a la protección del medio ambiente. Los Estados deben garantizar el derecho universal a la alimentación a través de acciones y medidas concretas que protejan
grupos sociales vulnerables y propicien los medios necesarios para que ellos puedan alimentarse.
En agosto de 2007, el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, presentó un informe a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que contiene informaciones sobre los acontecimientos más recientes en este periodo. La primera preocupación del Relator se refiere al aumento creciente de personas hambrientas en el mundo -eran cerca de 800 millones en 1996 y hoy son aproximadamente 854 millones-. El informe alerta además que más de seis millones de infantes, con menos de cinco años, mueren anualmente a consecuencia de enfermedades relacionadas con el hambre.
El Relator caracteriza esa situación como “inaceptable”. Según Ziegler, “el hambre no es inevitable. Es una violación de los derechos humanos.
En un mundo que está más rico que nunca, más personas que nunca siguen padeciendo malnutrición, hambre e inanición. El mundo puede producir alimentos suficientes para alimentar el doble de toda la población mundial”.
El segundo punto del informe, que recibe gran destaque, es la preocupación con la creciente utilización de alimentos básicos para la producción de agrocombustibles. “El Relator Especial está gravemente preocupado porque los biocombustibles tendrán como secuela el hambre. La prisa súbita y mal concebida de convertir alimentos -tales como maíz, trigo, azúcar y aceite de palma- combustibles augura un desastre. Existe el grave riesgo de crear una batalla entre los alimentos y los combustibles, que dejará a los pobres y los que padecen de hambre en los países en desarrollo a merced de los precios en rápido aumento de los alimentos, la tierra y el agua”. El Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarías (IIPA) estima que la producción de agrocombustibles puede causar un aumento del 20% en el precio del maíz y del 26% en el precio de la soja y de la semilla de girasol hasta el 2010. Estudios del IIPA alertan que el número de personas que sufren de desnutrición debe aumentar en 16 millones por cada punto porcentual en el incremento de los precios de alimentos básicos. La producción de agrocombustibles demanda además una grancantidad del agua, en un contexto extremadamente preocupante. Según cálculos de la ONU, 1,2 mil millones de personas no tienen acceso al agua potable y 2,4 mil millones no tienen acceso a saneamiento básico. Todos los años, cerca de dos millones de infantes mueren por enfermedades causadas por agua contaminada. En los países más pobres, uno de cada cinco infantes muere antes de los cinco años de edad por enfermedades relacionadas a la contaminación del agua. El Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, caracteriza esa situación como “genocidio
silencioso.”
El agua es un recurso natural insustituible. Caso se mantenga el actual ritmo de destrucción de sus fuentes, la mitad de la población mundial quedará sin acceso al agua potable en un periodo de sólo 25 años. El aumento de los monocultivos para la producción de agroenergía tiende a profundizar la violación del derecho fundamental de acceso al agua para consumo humano.
Cada litro de etanol producido a partir de la caña de azúcar, en circuito cerrado, consume cerca de 12 litros de agua. Esta cantidad no incluye el agua utilizada en el cultivo, que en el caso de los monocultivos irrigados el consumo es mayor. Según el profesor David
Pimentel, de la Universidad de Cornell, por cada kilo de maíz producido, se gasta de 500 a 1.500 litros del agua. Y para producir un litro de etanol a base de maíz, el gasto es de 1.200 a 3.600 litros del agua. Por lo tanto, la producción de agroenergía representa un riesgo de mayor escasez de fuentes naturales y acuíferos.
En su más reciente informe a la Asamblea General de la ONU, el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación recomienda que “se declare una moratoria de cinco años sobre la producción de biocombustibles con los métodos modernos para que haya tiempo suficiente de idear tecnologías y establecer estructuras reguladoras para la protección contra los efectos negativos ambientales, sociales y para los derechos humanos”.
- Maria Luisa Mendonça es periodista y coordinadora de la Red Social de Justicia y DerechosHumanos. ALAI - 30 AÑOS.Agencia Latinoamericana deInformacion email: info@alainet.org
martes, 8 de abril de 2008
El CIBERESPACIO debería promover ...
APC al FGI: el ciberespacio debería promover al máximo el intercambio, la creatividad y la innovación
By APCNoticias
GOA, INDIA, Nov 03
(TRADUCCIÓN SIN EDITAR) Anriette Esterhuysen, la directora ejecutiva de APC, ha dicho que el Foro para la Gobernanza de Internet, que se desarrolla actualmente en Atenas, tiene una función mucho más grande que cumplir respecto a la difusión de compartir ideas y promover la innovación.
Hablando del tema de la apertura, Esterhuysen expresó: "La piratería crea empleos, pero [el Software Libre y] los estándares abiertos crean oportunidades, crean empresarios. Pienso que esto también es un desafío también para el FGI; cómo mirarlo es un foro de interés público, Internet es un espacio público, y cómo podemos facilitar compartir al máximo, crear al máximo, la producción interpares, los nuevos modelos, la innovación".
El Foro para la Gobernanza de Internet (FGI), que se desarrolla en estos momentos en la capital griega, es un espacio global de reunión auspiciado por Naciones Unidas. Fue establecido, como indica Wikipedia, para albergar un diálogo de políticas de múltiples partes interesadas en el campo de la gobernanza de Internet.
El foro pretende reunir a todas las partes interesadas en un debate sobre la gobernanza de Internet -sea que representan estados, al sector privado o a la sociedad civil- sobre una base igualitaria y a través de un proceso inclusivo y global.
Hablando durante la sesión, Esterhuysen dijo que tenía "mucho respeto" por lo que llamó los esfuerzos de Microsoft para proporcionar contenidos educativos en los países en vías de desarrollo.
"Pero ] en tanto [Microsoft] ponga su copyright y límite el derecho de los profesores y educandos, en esos países, de reutilizar, cambiar y compartir esa información, el valor de ese esfuerzo es muy limitado. Así que pienso, sí, compartir y abrir son absolutamente esenciales si vamos a usar Internet para el desarrollo", comentó.
Esterhuysen, quien se convirtió en la Directora ejecutiva de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones en mayo de 2000, y que tiene pericia en información y comunicaciones para el desarrollo, acentuó también la necesidad de 'desarrollar' a los gobiernos nacionales para "priorizar los intereses de sus ciudadanos".
Esterhuysen, cuya base es Johannesburgo, expresó: "Como sudafricana que vive en Sudáfrica resiento el hecho de que mi gobierno, que tiene una enorme carga luchando contra el crimen, tenga que gastar tiempo y dinero, mi dinero de contribuyente, en el procesamiento de gente que piratea licencias de software de Microsoft".
Esterhuysen acentuó la necesidad de que Internet sea protegida. Expresó: "Hay espacios, y ellos no son siempre seguros. Pero pienso el verdadero poder de Internet para crear un mundo donde haya más conciencia y realización de los derechos, no puede ser el de lidiar con el acceso".
Argumentó que mucho más eficaz que desafiar a los gobiernos que se desvían de los derechos humanos, "es comprometerlos a nivel del desarrollo social y económico, así como a nivel de los derechos humanos".
Acentuó "el poder de Internet" para promover la transparencia, y cómo más personas en todo el mundo la estaban "utilizando". Pero advirtió: "Creo que necesitamos ser cuidadosos con los eventos como este, no se debe asumir que siempre estamos todos de acuerdo".
Esterhuysen fue crítica con las compañías que ofrecen "software y tecnologías para ayudar a la represión (de los gobiernos)". Pero, sostuvo, "la verdadera pregunta", es cómo un foro como el FGI -que comprende a técnicos, gestores de políticas, empresarios, activistas de la sociedad civil- podría empezar a crear una política internacional y un marco principal que detenga lo que está pasando.
Esterhuysen "desafió" también al sector público a repensar lo que tiene en común, y lo que es de dominio público en "el mundo de Internet".
Comparó el ciberespacio con las bibliotecas públicas del pasado, diciendo que Internet presenta una oportunidad donde, por ejemplo, toda la investigación científica financiada públicamente puede estar disponible libremente.
Prestó su apoyo a conceptos como el repensar los derechos de autor, buscar alternativas como el enfoque de CreativeCommons, y más.
Anteriormente, Esterhuysen había trabajado en el Comíté africano de Asesoramiento Técnico de la Comisión Económica para la Iniciativa Africana de la Sociedad de la Información.
Comentando recientemente el informe anual de APC, Esterhuysen dijo que, contrariamente a los planes que hacen foco en los niveles regionales y nacionales de políticas de desarrollo y apoyo, la participación de APC en el proceso de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información había sido más temprana.
"Le solicitaron a tres integrantes del personal y miembros de APC unirse a grupos de trabajo convocados por el Secretario General de Naciones Unidas para enfocar los dos temas polémicos que no habían sido resueltos durante la Fase 1 -financiamiento de TIC en países en vías de desarrollo, y gobernanza de Internet", dijo Esterhuysen.
Mientras todos están de acuerdo con una 'apertura' teórica del ciberespacio, hay amplias diferencias sobre cómo ésta es puesta en práctica.
Como comenta el abogado indio Lorenzo Liang, de Bangalore, "con el capitalismo global, el control sobre los trabajos con copyright se centró en corporaciones de medios de comunicación en vez de en los autores y artistas".
Los temas de cibercontenido compartible surgían a menudo. Desde las bases, el proceso de producción de redes interpares prolifera a un paso fenomenal, como documentan los sitios como http:// p2pfoundation.net
Sin embargo, los esfuerzos para bloquear las posibilidades de compartir, los nuevos modelos de redes interpares y la proliferación de conocimiento son bloqueados en una batalla que, a menudo, ve las leyes y los intereses corporativos confabulados como un poderoso adversario en contra del potencial ofrecido por la tecnología y la innovación a nivel de las bases.
Los campañistas de diversos lugares del globo presionan para implementar las ideas de Software Libre- influidas por ideas de producción interpares y de conocimiento libre compartido, en una gama de campos que van desde diarios de acceso abierto a literalmente docenas de otras esferas.
Foro de Gobernanza de Internet
Autor: --- (APCNoticias)
Contacto: communications@apc.org
Fuente: FN para APCNoticias
Fecha: 03/11/2006
Localidad: GOA, India
Categoría: Gobierno en Internet
(END/2006)
By APCNoticias
GOA, INDIA, Nov 03
(TRADUCCIÓN SIN EDITAR) Anriette Esterhuysen, la directora ejecutiva de APC, ha dicho que el Foro para la Gobernanza de Internet, que se desarrolla actualmente en Atenas, tiene una función mucho más grande que cumplir respecto a la difusión de compartir ideas y promover la innovación.
Hablando del tema de la apertura, Esterhuysen expresó: "La piratería crea empleos, pero [el Software Libre y] los estándares abiertos crean oportunidades, crean empresarios. Pienso que esto también es un desafío también para el FGI; cómo mirarlo es un foro de interés público, Internet es un espacio público, y cómo podemos facilitar compartir al máximo, crear al máximo, la producción interpares, los nuevos modelos, la innovación".
El Foro para la Gobernanza de Internet (FGI), que se desarrolla en estos momentos en la capital griega, es un espacio global de reunión auspiciado por Naciones Unidas. Fue establecido, como indica Wikipedia, para albergar un diálogo de políticas de múltiples partes interesadas en el campo de la gobernanza de Internet.
El foro pretende reunir a todas las partes interesadas en un debate sobre la gobernanza de Internet -sea que representan estados, al sector privado o a la sociedad civil- sobre una base igualitaria y a través de un proceso inclusivo y global.
Hablando durante la sesión, Esterhuysen dijo que tenía "mucho respeto" por lo que llamó los esfuerzos de Microsoft para proporcionar contenidos educativos en los países en vías de desarrollo.
"Pero ] en tanto [Microsoft] ponga su copyright y límite el derecho de los profesores y educandos, en esos países, de reutilizar, cambiar y compartir esa información, el valor de ese esfuerzo es muy limitado. Así que pienso, sí, compartir y abrir son absolutamente esenciales si vamos a usar Internet para el desarrollo", comentó.
Esterhuysen, quien se convirtió en la Directora ejecutiva de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones en mayo de 2000, y que tiene pericia en información y comunicaciones para el desarrollo, acentuó también la necesidad de 'desarrollar' a los gobiernos nacionales para "priorizar los intereses de sus ciudadanos".
Esterhuysen, cuya base es Johannesburgo, expresó: "Como sudafricana que vive en Sudáfrica resiento el hecho de que mi gobierno, que tiene una enorme carga luchando contra el crimen, tenga que gastar tiempo y dinero, mi dinero de contribuyente, en el procesamiento de gente que piratea licencias de software de Microsoft".
Esterhuysen acentuó la necesidad de que Internet sea protegida. Expresó: "Hay espacios, y ellos no son siempre seguros. Pero pienso el verdadero poder de Internet para crear un mundo donde haya más conciencia y realización de los derechos, no puede ser el de lidiar con el acceso".
Argumentó que mucho más eficaz que desafiar a los gobiernos que se desvían de los derechos humanos, "es comprometerlos a nivel del desarrollo social y económico, así como a nivel de los derechos humanos".
Acentuó "el poder de Internet" para promover la transparencia, y cómo más personas en todo el mundo la estaban "utilizando". Pero advirtió: "Creo que necesitamos ser cuidadosos con los eventos como este, no se debe asumir que siempre estamos todos de acuerdo".
Esterhuysen fue crítica con las compañías que ofrecen "software y tecnologías para ayudar a la represión (de los gobiernos)". Pero, sostuvo, "la verdadera pregunta", es cómo un foro como el FGI -que comprende a técnicos, gestores de políticas, empresarios, activistas de la sociedad civil- podría empezar a crear una política internacional y un marco principal que detenga lo que está pasando.
Esterhuysen "desafió" también al sector público a repensar lo que tiene en común, y lo que es de dominio público en "el mundo de Internet".
Comparó el ciberespacio con las bibliotecas públicas del pasado, diciendo que Internet presenta una oportunidad donde, por ejemplo, toda la investigación científica financiada públicamente puede estar disponible libremente.
Prestó su apoyo a conceptos como el repensar los derechos de autor, buscar alternativas como el enfoque de CreativeCommons, y más.
Anteriormente, Esterhuysen había trabajado en el Comíté africano de Asesoramiento Técnico de la Comisión Económica para la Iniciativa Africana de la Sociedad de la Información.
Comentando recientemente el informe anual de APC, Esterhuysen dijo que, contrariamente a los planes que hacen foco en los niveles regionales y nacionales de políticas de desarrollo y apoyo, la participación de APC en el proceso de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información había sido más temprana.
"Le solicitaron a tres integrantes del personal y miembros de APC unirse a grupos de trabajo convocados por el Secretario General de Naciones Unidas para enfocar los dos temas polémicos que no habían sido resueltos durante la Fase 1 -financiamiento de TIC en países en vías de desarrollo, y gobernanza de Internet", dijo Esterhuysen.
Mientras todos están de acuerdo con una 'apertura' teórica del ciberespacio, hay amplias diferencias sobre cómo ésta es puesta en práctica.
Como comenta el abogado indio Lorenzo Liang, de Bangalore, "con el capitalismo global, el control sobre los trabajos con copyright se centró en corporaciones de medios de comunicación en vez de en los autores y artistas".
Los temas de cibercontenido compartible surgían a menudo. Desde las bases, el proceso de producción de redes interpares prolifera a un paso fenomenal, como documentan los sitios como http:// p2pfoundation.net
Sin embargo, los esfuerzos para bloquear las posibilidades de compartir, los nuevos modelos de redes interpares y la proliferación de conocimiento son bloqueados en una batalla que, a menudo, ve las leyes y los intereses corporativos confabulados como un poderoso adversario en contra del potencial ofrecido por la tecnología y la innovación a nivel de las bases.
Los campañistas de diversos lugares del globo presionan para implementar las ideas de Software Libre- influidas por ideas de producción interpares y de conocimiento libre compartido, en una gama de campos que van desde diarios de acceso abierto a literalmente docenas de otras esferas.
Foro de Gobernanza de Internet
Autor: --- (APCNoticias)
Contacto: communications@apc.org
Fuente: FN para APCNoticias
Fecha: 03/11/2006
Localidad: GOA, India
Categoría: Gobierno en Internet
(END/2006)
lunes, 3 de marzo de 2008
El Derecho Educativo...negado en la práctica a muchos
Compromiso por la educación
Luis Ugalde Viernes, 29 de febrero de 2008.
(material usado con fines educativos)
Si en algo coincidimos los países de América Latina y el Caribe es en la queja y la denuncia permanente de la baja calidad y cobertura de nuestros sistemas educativos. El derecho educativo, proclamado por todos, es un derecho negado en la práctica a la mitad de nuestra población.
Hay consenso también en que una educación generalizada y de calidad es clave estratégica para el logro de aspiraciones básicas de las personas y de nuestras sociedades.
Fe y Alegría este mes lanza un manifiesto público titulado “Compromiso por la educación”. Lo hace partiendo de su extraordinaria experiencia y resultados en dieciséis países, con más de un millón de alumnos. No es un simple manifiesto de denuncias, sino que se trata de un compromiso constructivo, audaz y realista, con seis propuestas bien pensadas y voluntad de promover consensos efectivos para lograrlas. Se identifican las fallas de la realidad educativa y los caminos para su transformación y elevación con un esfuerzo concertado y sostenido.
En conjunto nuestra educación pública va mal y no estamos acortando distancias con los países más exitosos, ni haciéndonos más capaces para resolver nuestros problemas de desarrollo humano con inclusión y equidad.
Dejando de lado mutuas acusaciones, se buscan soluciones partiendo del “deber que tienen los gobiernos y las sociedades de hacer realidad el derecho de todos y todas a una educación de calidad, concebida como un bien público, que permita superar la pobreza y la exclusión”. Las familias con recursos humanos de algún modo pueden suplir las deficiencias de la respuesta educativa pública, pero la población más pobre no.
Ampliar en :http://www.analitica.com/va/politica/opinion/7270786.asp
Luis Ugalde Viernes, 29 de febrero de 2008.
(material usado con fines educativos)
Si en algo coincidimos los países de América Latina y el Caribe es en la queja y la denuncia permanente de la baja calidad y cobertura de nuestros sistemas educativos. El derecho educativo, proclamado por todos, es un derecho negado en la práctica a la mitad de nuestra población.
Hay consenso también en que una educación generalizada y de calidad es clave estratégica para el logro de aspiraciones básicas de las personas y de nuestras sociedades.
Fe y Alegría este mes lanza un manifiesto público titulado “Compromiso por la educación”. Lo hace partiendo de su extraordinaria experiencia y resultados en dieciséis países, con más de un millón de alumnos. No es un simple manifiesto de denuncias, sino que se trata de un compromiso constructivo, audaz y realista, con seis propuestas bien pensadas y voluntad de promover consensos efectivos para lograrlas. Se identifican las fallas de la realidad educativa y los caminos para su transformación y elevación con un esfuerzo concertado y sostenido.
En conjunto nuestra educación pública va mal y no estamos acortando distancias con los países más exitosos, ni haciéndonos más capaces para resolver nuestros problemas de desarrollo humano con inclusión y equidad.
Dejando de lado mutuas acusaciones, se buscan soluciones partiendo del “deber que tienen los gobiernos y las sociedades de hacer realidad el derecho de todos y todas a una educación de calidad, concebida como un bien público, que permita superar la pobreza y la exclusión”. Las familias con recursos humanos de algún modo pueden suplir las deficiencias de la respuesta educativa pública, pero la población más pobre no.
Ampliar en :http://www.analitica.com/va/politica/opinion/7270786.asp
Derecho social a la Educación
MORELIA .Méjico( La Secretaria de Educación) Sagrero propone pacto a favor de la educación estatal.La firma de un acuerdo entre todos los sectores involucrados, vital para hacer efectivo el derecho social a la educación, señala la titular de la SEE La carencia de recursos económicos, el principal problema, dice, y anuncia que se gestionarán apoyos ante la Federación.
Redacción .Cambio de Michoacán. Lunes 3 de Marzo de 2008 .
Su voz pausada sostiene que en el marco de las 21 acciones inmediatas en el área educativa, que inició con el envío del proyecto de reforma constitucional para que la enseñanza, desde el nivel preescolar al superior, sea obligatoria y gratuita, el siguiente paso es la firma de un acuerdo para hacer efectivo “el derecho social a la educación”.Se trata, puntualiza, de un llamado a que todos los actores que intervienen en el ámbito educativo, tanto padres de familia como alumnos y maestros, para que trabajen dentro de sus salones de clases y con la comunidad, para iniciar un proceso formativo que venga a resarcir el rezago educativo.
Sin embargo, la secretaria de Educación en el estado, Aída Sagrero Hernández, no habla de cómo con un magisterio dividido y una parte en su contra pueda signar un acuerdo de ese tipo, aunque desliza que en ese sentido se buscará una sensibilización, porque “como maestros tenemos que brindar las herramientas necesarias al pueblo, para que ellos se apropien de los conocimientos a los que tienen derecho”.
Leer mas en :http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=77133
Redacción .Cambio de Michoacán. Lunes 3 de Marzo de 2008 .
Su voz pausada sostiene que en el marco de las 21 acciones inmediatas en el área educativa, que inició con el envío del proyecto de reforma constitucional para que la enseñanza, desde el nivel preescolar al superior, sea obligatoria y gratuita, el siguiente paso es la firma de un acuerdo para hacer efectivo “el derecho social a la educación”.Se trata, puntualiza, de un llamado a que todos los actores que intervienen en el ámbito educativo, tanto padres de familia como alumnos y maestros, para que trabajen dentro de sus salones de clases y con la comunidad, para iniciar un proceso formativo que venga a resarcir el rezago educativo.
Sin embargo, la secretaria de Educación en el estado, Aída Sagrero Hernández, no habla de cómo con un magisterio dividido y una parte en su contra pueda signar un acuerdo de ese tipo, aunque desliza que en ese sentido se buscará una sensibilización, porque “como maestros tenemos que brindar las herramientas necesarias al pueblo, para que ellos se apropien de los conocimientos a los que tienen derecho”.
Leer mas en :http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=77133
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